Introducción
El artículo 82 de la Ley 39/2015 es una disposición legal que regula aspectos fundamentales sobre el procedimiento administrativo común en España. Esta ley, que entró en vigor el 2 de octubre de 2016, establece los derechos y obligaciones tanto de los ciudadanos como de la Administración Pública en el desarrollo de los trámites administrativos.
En este artículo, vamos a profundizar en todo lo que necesitas saber sobre el artículo 82 de la Ley 39/2015. Analizaremos su contenido, sus implicaciones y cómo afecta a los diferentes actores involucrados en los procedimientos administrativos.
¿Qué establece el artículo 82 de la Ley 39/2015?
El artículo 82 de la Ley 39/2015 establece el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Esto implica que las personas físicas y jurídicas tienen el derecho de realizar trámites y recibir notificaciones de forma telemática, utilizando medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
Derecho a relacionarse electrónicamente
El derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas implica que los ciudadanos pueden realizar trámites administrativos a través de internet, utilizando plataformas y sistemas habilitados por la Administración. Esto incluye presentar solicitudes, enviar documentación, recibir notificaciones y realizar consultas, entre otros.
Obligación de utilizar medios electrónicos
Además del derecho de los ciudadanos, el artículo 82 también establece la obligación de utilizar medios electrónicos por parte de las administraciones públicas. Esto significa que las entidades y organismos del sector público deben habilitar sistemas electrónicos para recibir y tramitar los procedimientos administrativos.
¿Quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente?
El artículo 82 establece que están obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas todas las personas físicas y jurídicas que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera la colegiación obligatoria, así como los empleados de las administraciones públicas. También están obligados aquellos que representen a una persona jurídica.
Excepciones a la obligación de relacionarse electrónicamente
Sin embargo, existen algunas excepciones a esta obligación. El artículo 82 establece que las administraciones públicas podrán establecer excepciones cuando la persona interesada sea una persona física que acredite su condición de no estar obligada a relacionarse electrónicamente o cuando no disponga de los medios electrónicos necesarios.
Implicaciones del artículo 82 de la Ley 39/2015
El artículo 82 de la Ley 39/2015 tiene importantes implicaciones tanto para los ciudadanos como para las administraciones públicas. A continuación, analizaremos algunas de las principales implicaciones de esta disposición legal.
Mayor agilidad y eficiencia en los trámites administrativos
Una de las principales ventajas de la obligación de relacionarse electrónicamente es la agilidad y eficiencia que aporta a los trámites administrativos. Al poder realizar los procedimientos de forma telemática, se reducen los tiempos de espera y se agiliza la gestión de los trámites, lo que beneficia tanto a los ciudadanos como a las administraciones públicas.
Ahorro de tiempo y costes
Relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas también supone un ahorro de tiempo y costes para los ciudadanos. Ya no es necesario desplazarse físicamente a las oficinas públicas, lo que implica un ahorro en desplazamientos y en tiempo invertido. Además, se reducen los costes asociados a la impresión y envío de documentos en formato papel.
Mayor seguridad y confidencialidad de los datos
El uso de medios electrónicos en los trámites administrativos también contribuye a una mayor seguridad y confidencialidad de los datos. Las plataformas y sistemas habilitados por la Administración cuentan con medidas de seguridad para proteger la información personal y garantizar su privacidad.
Preguntas frecuentes
¿Qué debo hacer si no dispongo de los medios electrónicos necesarios?
Si no dispones de los medios electrónicos necesarios para relacionarte con las administraciones públicas, puedes solicitar una excepción a esta obligación. Deberás acreditar tu condición de no estar obligado a relacionarte electrónicamente y se evaluará tu caso de forma individual.
¿Qué ocurre si no cumplo con la obligación de relacionarme electrónicamente?
Si no cumples con la obligación de relacionarte electrónicamente sin justificación válida, podrías enfrentar sanciones o retrasos en los trámites administrativos. Es importante cumplir con esta obligación para evitar inconvenientes y agilizar la gestión de los procedimientos.
¿Qué derechos tengo como ciudadano al relacionarme electrónicamente?
Al relacionarte electrónicamente con las administraciones públicas, tienes derecho a recibir notificaciones telemáticas, presentar solicitudes y documentación, realizar consultas, acceder a expedientes y obtener certificados electrónicos, entre otros. Estos derechos están amparados por el artículo 82 de la Ley 39/2015.